Nota informativa del CERMI Andalucía

• José Manuel Porras ha concedido una entrevista a la Onda Local de Andalucía

• En la entrevista, que puede escucharse íntegramente en el siguiente enlace:  http://www.emartv.es/2017/09/15/jose-manuel-porras-5/ , analiza la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad

(Sevilla, 18 de septiembre de 2017).– El presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), José Manuel Porras, ha asegurado que la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía “proporcionará derechos para el colectivo en todos los tramos de la vida, lo que redundará en una mejora de la calidad de vida de estas personas”.

“Todo esto emana de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado y a las Comunidades Autónomas a que, de manera transversal, las leyes garanticen a todas las personas con discapacidad el goce pleno y el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”, manifestó el pasado viernes el presidente del CERMI Andalucía en una entrevista concedida al servicio de Radio de la Onda Local de Andalucía (OLA Radio).

José Manuel Porras hizo referencia a que en este texto normativo, recientemente aprobado por el Parlamento andaluz, se reconoce de manera específica el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para poder llevar una vida independiente, lo que “permitirá a estas personas insertarse en la sociedad como cualquier otro ciudadano”.

Para el presidente del CERMI Andalucía, los dos puntos importantes que contiene la ley son: por un lado, lo que tiene que ver con la inserción educativa y laboral; por otro, el tema de la accesibilidad. En este sentido, “todos juntos, Gobierno andaluz, Ayuntamientos y el Gobierno central tenemos que ser capaces de hacer accesibles todas y cada una de las materias que afectan a las personas con discapacidad; no solo tenemos que eliminar las barreras físicas, sino también las intelectuales, porque son las verdaderamente complicadas de erradicar por completo”, aseveró.

El presidente del CERMI Andalucía recordó que las leyes hay que hacerlas para las personas con discapacidad pero sobre todo “contando con las propias personas con discapacidad”.

FORMACIÓN Y EMPLEO

José Manuel Porras recalcó la importancia de que en la ley se establezca la reserva de un cupo no inferior al 10% del número de plazas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público y las bolsas de trabajo temporal, y que como novedad se reserve específicamente el 1% para personas con enfermedad mental.

También, en este sentido, el presidente del CERMI Andalucía mostró satisfacción porque en los cursos de formación para el empleo, organizados por la Administración de la Junta de Andalucía, se haya aumentado el cupo de reserva del 3% al 5%, y que también se vaya a reservar, al menos, el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

Por otro lado, hizo alusión al Plan específico que contempla la norma para las mujeres y niñas con discapacidad, que pone el acento en una serie de medidas que van encaminadas a acabar con la violencia de género.

En relación con la atención infantil temprana, José Manuel Porras recordó que en Andalucía ya se han dado “pasos de gigante”; “en un primer momento con el decreto, y ahora con una ley específica que ya está en el Parlamento”. De hecho, desde el CERMI Estatal se está trabajando precisamente en estos momentos para que tengamos una ley de atención temprana “universal y gratuita”, dijo. Para el presidente del CERMI Andalucía, una buena atención temprana es básica, ya que son “los cimientos de una persona”.

Finalmente, quiso subrayar José Manuel Porras que la Junta ya está ultimando el decreto que regulará el concierto social y que va a permitir que las entidades de iniciativa social tengan prioridad en la gestión de los servicios sociales. Así pues, recordó que, en igualdad de condiciones, las administraciones públicas priorizarán la colaboración con las entidades de iniciativa social, como son las entidades sin ánimo de lucro, en la prestación de los servicios que estás proporcionan, entre otros, al colectivo de personas con discapacidad.